Imagina: manadas de funcionarios irrumpiendo en bares y restaurantes, agarrando botellas de licor a la fuerza y tirandolas por el desagüe. Amenazando a los sitios con cerrarlos solo por servir viche, destilado protegido hace dos años por el mismo estado como Patrimonio Cultural de la Nación Puedes pensar que es el escenario de una película de la Prohibición estadounidense, pero no lo es. Es la vida cotidiana para los productores y vendedores de viche, destilado ancestral de las comunidades afropacíficas de Colombia. Uno pensaría que la protección y legalización de esos legados únicos de Colombia serían de primera importancia para crear un país unificado y en paz. Evidentemente, el gobierno tiene otras prioridades.
Según la Secretaría de Salud, el viche es «contrabando». Evidentemente, solo es contrabando si no eres funcionario del estado. Mientras que hay redadas de viche por toda Colombia, me cuentan que uno de los ministerios del gobierno está planeando un evento en las siguientes semanas para cientos de personas donde van a servir… viche. Viche de una de las mismas marcas que acaban de botar en restaurantes acá en Bogotá, servido por el mismo gobierno que está amenazando a los restaurantes con multas y hasta sellar sus puertas por servir ese mismo viche.
Según la Secretaría de Salud, el viche no cuenta con registros de salud. Pues quedamos a la espera del registro de salud que protege la producción artesanal del viche prometido por el estado en 2021.
En ese año, aprobaron la Ley del Viche. Pensamos que por fin el panorama del viche estaba cambiando, que por fin la marginalización y persecución que sufrieron los productores de viche por décadas en Colombia iba a cambiar. Su propuesta dice, en sus propias palabras «reconocer, impulsar, promover y proteger el Viche/Biche y sus derivados como bebidas ancestrales, artesanales, tradicionales y como patrimonio colectivo de las comunidades negras, afrocolombianas de la costa del pacífico colombiano, e impulsar el aprovechamiento cultural y económico de su producción por parte de estas comunidades«.
La ley dió esperanza a muchos productores, consumidores y amantes del viche de que pronto habría una reglamentación clara y distinta, que respetaría las tradiciones del viche mientras que asegurarían buenas prácticas de destilación. Una esperanza que va muriendo con cada mes que pasa.
La misma ley deja claro que “el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y demás entidades competentes y, en atención a las recomendaciones del Comité Interinstitucional del Viche/Biche, determinará requisitos diferenciales para la producción y comercialización artesanal y/o ancestral del Viche/Biche y sus derivados». La ley también habla de un periodo de 12 meses para que esa nueva reglamentación, con requisitos más aptos para la producción artesanal del viche, tome efecto.
Han pasado casi 22 meses. Que yo sepa, nadie ha visto ni un borrador de esos nuevos requisitos. La Secretaria de Salud gasta su tiempo botando botellas por el drenaje en vez de implementar la categoría AE mandada por esta ley, cuyo propósito es conservar las prácticas ancestrales, artesanales y étnicas de producción.
Si al Invima (Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos) le interesa de verdad proteger a los consumidores de destilados frente a cualquier tipo de malas elaboraciones, la forma más fácil de hacerlo es mandar muestras de destilados a laboratorios para evaluar que sus niveles de metales pesados, metanol y otros compuestos potencialmente peligrosos están por debajo de un nivel aceptable para el consumo humano. Los laboratorios que ya existen en el país pueden hacer esas pruebas fácilmente, sin ningún equipo adicional y a un precio relativamente económico. No requiere la construcción de instalaciones especializadas, ni tanques de acero y alambiques de cobre, ni otros desarrollos que serían difíciles y largos para los productores. Tampoco requiere que el Invima ande por los manglares y ríos del Pacifico inspeccionado cada alambique. Es mucho más práctico pedir análisis en laboratorio de cada lote destilado y además es relativamente fácil de implementar.
La gente no va a parar de hacer, vender y tomar viche. Punto. Entonces la pregunta es: ¿cómo hacemos un reglamento lo más pronto posible, que funcione para los productores, los consumidores, y los proveedores de viche? Porque, como vimos en EEUU, la prohibición no funciona. Solo fomenta violencia, explotación y abusos.
Y esos funcionarios que botan el viche, que paran los autos en la carretera incautando viche, pero no se han sentado a escribir ni el primer borrador de un reglamento funcional… uno debe asumir que están trabajando por otros intereses que no son la salud pública.
SOBRE LA FIRMA
